Una cuarta parte de lo que el sector agropecuario brasilero aporta al PBI nacional de ese país proviene del sector de la agricultura familiar. Según el último censo agropecuario, se estima que existe un total de 3.9 millones de agricultores familiares. Sin embargo, teniendo en cuenta a todos los pequeños productores que se dedican a la agricultura, ese universo se amplía hasta los 5 millones, llegando a ser casi un 75% de toda la mano de obra rural.
“Si dividimos esos 5 millones de agricultores en la complejidad geográfica que es Brasil, conseguimos separarlos en 5 regiones. Por cuestiones históricas, el sur tiene un desarrollo y organización diferente al norte. Ese es un trabajo que venimos identificando cada vez más dentro del Gobierno brasileño, dentro de la Secretaria del propio Ministerio de la Agricultura, para poder crear mecanismos no solo de acceso al crédito sino a políticas públicas, diferenciadas por cada tipo de productor”, dijo a Bichos de Campo Nelson Andrade, subsecretario del área de Agricultura Familiar de Brasil, dependiente –al igual que en Argentina- del Ministerio de Agricultura.
¿En qué se diferencia norte y sur? Principalmente en torno a su desarrollo. Según Andrade, la ocupación brasileña de la región norte del país es más reciente por lo que continúa fuerte el proteccionismo del Amazonas, que además tiene un clima muy distinto al del sur. A eso también se suman diferencias en infraestructura y cuestiones logísticas. Eso se traduce en políticas diferenciadas para cada segmento de ese sector.
“Hoy por hoy en Brasil, y principalmente dentro del Ministerio de la Agricultura, hemos trabajado en algunos pilares: asistencia técnica, acceso al crédito, cooperativismo y asociativismo, y regularización terrateniente. Este último punto no es hecho por nosotros sino que es algo que venimos observando a la par de que el agricultor familiar accede a líneas de crédito”, explicó el funcionario.
“Actualmente en Brasil, dentro de la estructura gubernamental, existe una figura llamada INCRA, que es el Instituto de Colonización de la Reforma Agraria, que está vinculado al Ministerio de la Agricultura, pero hace ese papel de regularización terrateniente en terrenos fiscales”, agregó Andrade.
-¿La idea es que un agricultor con los títulos de su tierra tiene mucha más estabilidad a futuro?- le preguntamos.
-Sí. De acuerdo con nuestra legislación, hoy por hoy, para acceder al crédito se necesitan algunas garantías. Y el título de la tierra brinda esa garantía. En los últimos años Brasil contabilizó una desincronización de un millón de títulos registrados. Ahora ya estamos llegando a la meta de 400 mil títulos emitidos.
-La política de créditos no subsidios es muy agresiva. ¿Es mucho dinero el que dedica el Estado para financiar a los pequeños productores?
-Sí, por ejemplo, la cosecha de 2022-2023 comenzó el día 1 de julio de 2022, y conseguimos hacer disponibles a los agricultores familiares cerca de 60 billones de reales, es decir cerca de 12 billones de dólares, tanto en la parte de costos como en la parte de inversiones.
-Doce billones de dólares para nosotros, en Argentina, es la mitad de la cosecha de soja, es mucho dinero. ¿Esos créditos se otorgan con algún beneficio, con facilidades en tazas o en plazos?
-El Plan Zafra cuenta con tasas de intereses anuales variables, diferentes a las del mercado normal porque existe un subsidio del gobierno para crear ese acceso al crédito. Eso facilita que el agricultor familiar tenga la posibilidad de pago en el día, y que consiga mantenerla sin que se cree una deuda. Actualmente la taza de creación de deudas es de menos del 1%.
-Hay dos miradas respecto a la política de los estados frente a la agricultura familiar. Una es más social, “hay que ayudarlos, hay que subsidiarlos”, y la otra es más económica, “hay que integrarlos al mercado”. ¿Cuál es la que persiste en Brasil?
-Desde 2019 venimos identificando en Brasil, que aún tiene una política de asistencia técnica, que algunos de sus agricultores estaban en el proceso anterior a esa asistencia. Había agricultores que primero necesitaban un incentivo para la producción de autoconsumo. Entonces iniciamos colaboraciones con otros organismos internacionales e identificamos la existencia de una necesidad de desarrollo de políticas públicas. Tenemos por ejemplo una política llamada Don Helder Cámara que incentiva al agricultor a producir para sí mismo, y solo a partir de ahí a comenzar a estructurarse para la venta externa. Hoy ya identificamos que muchos beneficiarios ya migraron de ese asistencialismo al acceso al crédito.
A continuación, Andrade agregó: “Además de eso, aquí en la Secretaria hemos incentivado, por ejemplo, las compras gubernamentales, mercados públicos, la venta de producción para la confección de la merienda escolar, entre otros. De esa forma el agricultor tiene acceso a los mercados de competencia del propio gobierno”.
-La agroecología en Argentina o la corriente que busca usar menos insumos químicos considera que eso debería ser adoptado por todos los pequeños productores. ¿Ustedes aquí les imponen a los productores cómo producir o los orientan hacia la agroecología?
-Siempre participamos de las discusiones. Existe un plan, si no me equivoco del año 2017, que es el Plan UP que desarrolla estrategias sobre agroecología. No hay una imposición de producción agroecológica. Entendemos que es el propio mercado el que dicta eso. Si existe una demanda mayor para los productos oriundos de la agroecología, obviamente que el mercado se estructurará en función de eso.
-No imponen ningún modelo.
-No, no podemos. Me parece que el papel del Estado no es el de hacer una imposición. El propio mercado es quien dirá si tiene interés o no en productos específicos, ya sea agroecológicos o no.
-Hay fuertes debates políticos respecto a la agricultura familiar, y a veces el sector está politizado también, como en el caso del Movimiento Sin Tierra. ¿El estado se mantiene al margen? Sea Bolsonaro o Lula el ganador de la elección, ¿corre peligro la política o existe un eje conductor que va por fuera de los tironeos?
-Nuestras políticas son pautadas para la agricultura familiar. Nosotros aquí discutimos internamente lo que el sector precisa. Tenemos un diálogo permanente con los agricultores familiares, con los que representan a los trabajadores y agricultores y, a partir de allí, desarrollamos nuestras políticas públicas. El mayor ejemplo de eso es que tenemos el mayor Plan Cosecha de la historia de la agricultura familiar, que ya tiene 26 años.
-El Mercosur está aguantando una serie de presiones ambientales de Europa, que cuestionan –siendo que ellos también lo hacen- a los productores subsidiados. Mostrar que hay producciones familiares que dependen de la sostenibilidad de los ambientes, ¿puede ser una estrategia contra esas presiones?
-Yo no entro mucho en esa cuestión económica de cómo es que los países nos perciben. Solo puedo hablar con propiedad del Brasil. Somos 5 millones de familias en la agricultura familiar. Y obviamente esos agricultores preservan sus ambientes. Tienen esa responsabilidad porque viven de esa producción. La sustentabilidad de la producción se encuentra intrínsecamente en el día a día de esos agricultores. Obviamente que sabemos que la cuestión de la agroecología y el manejo de la tierra está siendo discutido. Brasil tiene políticas, por ejemplo, de bajo carbono. Tengo la impresión de que otros países del Mercosur, por una cuestión identitaria y por la forma en que los agricultores producen, son iguales. Existe esa preocupación en todos los países del bloque, y las discusiones están constantemente en la mesa.