Se paga en cientos de localidades y no tiene un monto estandarizado. Los contribuyentes desconocen el destino de los fondos y afirman que no se traducen en el mantenimiento de los caminos.
Las tasas viales rurales que cobran las comunas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe generan gran controversia. El importe, su cálculo y el número de cuotas presentan una gran disparidad en las distintas localidades y, en la mayor parte de los casos, los productores agropecuarios no acceden a la información sobre el total recaudado por esta vía ni el destino de los fondos que, según sostienen, no se ven reflejados en el estado de los caminos que transitan a diario.
Generalmente, el monto de la tasa se establece en litros de gasoil por hectárea aunque también se utiliza como patrón el kilo de novillo o se recurre a cifras fijas en pesos. En algunas localidades determinan importes diferenciales para campos agrícolas y ganaderos, e incluso para distintos ambientes dentro de una misma zona. Ciertas comunas impusieron aumentos desmedidos del canon en los últimos tiempos, otras decidieron suspenderlo este año debido a la sequía y muchas directamente no lo cobran nunca.
La tasa vial rural solo se cobra en Buenos Aires y Santa Fe, pero en el resto de las provincias no existe. “Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el ordenamiento territorial. En esas dos provincias los caminos rurales son jurisdicción de los municipios pero en las otras, cada ciudad tiene su ejido municipal, que es básicamente su área urbana, pero el territorio rural que está en el medio entre una y otra, pertenece a la provincia, es jurisdicción provincial”, explicó el economista de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) David Miazzo.
Así quedan los caminos de tierra luego de una lluvia en muchas zonas rurales del país.
Así quedan los caminos de tierra luego de una lluvia en muchas zonas rurales del país.
En el caso de Córdoba, dentro de la cédula del impuesto Inmobiliario Rural se diferencia un ítem llamado Fondo de Desarrollo Agropecuario, un agregado que se destina a financiar los consorcios camineros, canaleros y de conservación de suelos, así como el programa de mejoras de caminos rurales. “Parte de este fondo va al Consorcio Caminero Único que administra el dinero y las obras de mejora como los ripiados, por ejemplo, no así las de mantenimiento, y está integrado por la Provincia y por la Mesa de Enlace provincial, entonces las entidades tienen alguna injerencia en la decisión de adónde va esa plata y un control, pero es un fideicomiso público”, especificó Miazzo.
Detallar cuánto y cómo se cobra en cada comuna sería una tarea interminable y aburrido, pero hagamos un repaso por varias de ellas, para delinear el mapa de la polémica tasa.
Buenos Aires
En el norte de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pergamino, los productores pagan entre $2.400 y $2.600 por hectárea al año y en el de Rojas, unos $2.500, que se pueden abonar en cuatro cuotas.
“En el partido de Pergamino funciona un Consorcio Caminero por comuna y el 90% de los caminos, canales y cunetas está muy bien atendidos, hay un trabajo de los últimos 15 años que realmente se nota”, reconoció el ingeniero agrónomo Ariel Pereyra, asesor de la zona. Sin embargo, en Colón, Rojas y Arrecifes “arreglan los caminos una vez cada tres, cuatro o cinco años, hace tiempo que se pide información sobre la recaudación y el destino de los fondos pero no hay transparencia, no se ve que se invierta en el mantenimiento de los caminos, y la diferencia cuando pasás del partido de Pergamino a esos distritos es notoria”, apuntó Pereyra. “Colón es un desastre, casi no tiene máquinas y las que tienen salen muy poco, los caminos los arregla generalmente Vialidad provincial; ahí y en Rojas el parque de maquinaria está abandonado y roto, nunca han invertido”, reprochó. En el caso de Salto, “trajeron una máquina nacional que si funciona 10 horas al mes es mucho”, contó. “Los caminos empiezan a tocarlos tres o cuatro meses antes de las elecciones pero después están cuatro años abandonados”, criticó.
En Carlos Tejedor pagan seis cuotas al año de tasa de red vial. “Desde la Asociación Rural se viene pidiendo información sobre cómo se calcula o en función de qué la cobran porque no queda claro pero nunca la dieron ni el gobierno actual del Frente de Todos ni el anterior de Cambiemos ni el otro que estuvo antes, es una caja que la manejan como ellos quieren”, relató Francisco Mendiverri, integrante de la entidad. Recientemente, desde la asociación solicitaron formalmente a la Municipalidad que deje sin efecto el cobro las cuatro cuotas restantes de la tasa ya que los productores han sufrido grandes pérdidas por la sequía.
Transitar por los caminos rurales argentinos suele ser una odisea riesgosa cuando no imposible de atravesar.
Transitar por los caminos rurales argentinos suele ser una odisea riesgosa cuando no imposible de atravesar.
“Este año, como hay elecciones, están un poco más activas las máquinas pero no más de dos veces al año como mucho, entonces los caminos están deteriorados e invadidos por la acacia negra porque como no los mantienen, invaden las banquinas a lo loco, hay algunos que están quedando muy angostos”, precisó Mendiverri.
En Bragado, Walter Malfatto pagó $25.064 anuales por 20 hectáreas, lo hizo por adelantado para poder acceder a un descuento del monto total. “Acá hay un Consorcio Vial formado por el Municipio y los productores que tiene épocas buenas y épocas malas, pero ahora, con una nueva gestión, está repuntando, pero los caminos tienen que mejorar, además, después de la pandemia y recientemente con la sequía, se deterioraron mucho”, indicó.
“América es uno de los lugares que más paga de tasa vial pero hace unos años se estableció con el Municipio y los productores hacer un mix entre el valor del kilo de novillo y el de soja y el de maíz para ponerle un precio, de ahí sale la tarifa”, explicó Fernando Tagliabue, productor del oeste bonaerense.
Santa Fe
En los primeros meses de 2023, la Sociedad Rural de Reconquista (SRR) hizo un relevamiento de la tasa vial rural en el departamento Gral. Obligado, al norte de Santa Fe, que ayuda a trazar el mapa de situación. Del total, 23 comunas y municipios, en 12 los productores pagan ese canon y en 11 no lo hacen.
En Arroyo Ceibal cobran la tasa de manera anual, en junio, y asciende a un equivalente de 1/2 litros de gasoil por hectárea, con un mínimo de $1500. Allí no se registra una alta tasa de morosidad. En Berna también lo hacen anualmente y se paga un litro de gasoil por hectárea. “Los productores informan que no hay retribución a la tasa”, señaló la SRR.
Los productores de El Arazá pagan un litro de gasoil, la primera cuota vence en julio y la segunda en diciembre. Allí, “la tasa de morosidad es alta, más del 50%, la mayoría de los deudores hacen convenios”, explicó la entidad.
La comuna de El Sombrerito, por ordenanza 78/2018, cobra una vez al año medio litro de gasoil por hectárea para pastoreo, y un litro de gasoil para la agricultura. “Este año, la mayoría comenzó a cumplir, son unos veinte productores”, informó la SRR.
En Ingeniero Chanourdie, la ordenanza se sancionó este año y establece un canon de $50 por hectárea por año, pero dispusieron una prórroga del vencimiento al 31 de diciembre. Mientras que en Lanteri, donde se paga medio litro de gasoil por hectárea anualmente, más del 70% de los contribuyentes cumple.
Por su parte, Laureles prefiere cobrar la tasa dividida en dos cuotas, en mayo y noviembre. Tienen tres categorías: isla, bañado y tierra alta, y se ajusta de acuerdo con el precio del gasoil.
Malabrigo también estableció dos pagos, en febrero y julio, fijados en unidades tributarias (16), siendo el valor de cada una de ellas $21, esto es, $336 al año, y tiene un 20% de morosidad.
La ciudad de Reconquista fijó un aporte semestral de 1.5 litro de gasoil por hectárea, teniendo una tasa mínima de $2858.40 A los que abonan al día, en Villa Ana, les cobran medio litro por hectárea y un litro a los morosos. “Ahí hay 100% de morosidad, por eso, este año empezaron a exigir el cobro y a tener respuesta”, contó la SRR.
Por su parte, en Villa Ocampo, el pago es semestral, “depende de la cantidad de hectárea , hay un buen porcentaje de pago”, indicó la entidad ruralista.
En tanto, en Avellaneda, El Rabón, Florencia, Guadalupe Norte, Campo Hardy, La Sarita, Las Garzas, Las Toscas, Nicanor Molinas, San Antonio de Obligado y Tacuarendí, no se cobra la tasa vial rural.
Yendo al sur de la provincia, Casilda y Carcarañá tampoco imponen tasa vial. “En Correa, donde nosotros trabajamos, normalmente se pagan 8 litros de gasoil por hectárea y por año divididos en cuatro cuotas de 2 litros, pero por la sequía, a principios de 2023 se decidió no cobrar”, contó el productor Juan Zingarini. “Algo de mantenimiento se hace pero muy poco, la verdad es que los caminos no están en buen estado”, agregó.
Por la falta de ripio y buenos canales, este camino rural se convierte en un pantano cada vez que llueve.
Por la falta de ripio y buenos canales, este camino rural se convierte en un pantano cada vez que llueve.
Un poco más abajo, cerca de Rosario, en Fighiera, María González abonó en concepto de tasa vial $570,60 por hectárea cada seis meses. “A un valor del gasoil de $168,60 nos da un equivalente a 3,38 litros de gasoil por hectárea”, calculó. Pero nada de lo que paga lo ve reflejado en el estado de las vías rurales. “Con el temporal de la semana pasada, los caminos se inundaron, como siempre, y no se podía pasar más que a caballo, con vehículo imposible”, contó. Además, “el mantenimiento de nuestras banquinas, lo hacemos nosotros mismos”, señaló.
La comuna rebelde
En Villa Saralegui, una pequeña población ubicada en el Departamento San Justo, a 130 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, en un año aumentaron la tasa en un 430% y los productores, “hartos de los aumentos constantes y desmesurados”, iniciaron una rebelión fiscal. “Decidimos no pagar más, le dijimos basta a la voracidad fiscal”, sostuvieron, y desde abril dejaron de hacerlo.
Los vecinos se presentaron ante distintos legisladores provinciales y en la Defensoría del Pueblo para que intervengan impidiendo lo que consideran “un atropello”. Además, denunciaron al jefe comunal, Walter Sola, por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
Las complicaciones para circular por el deterioro de los caminos rurales no permite ingresar a los campos para sacar la producción.
Las complicaciones para circular por el deterioro de los caminos rurales no permite ingresar a los campos para sacar la producción.
En 2022, Sola había querido llevar la tasa vial de 3,6 litros de gasoil por hectárea y por año a 4,4, a lo que los contribuyentes se opusieron, no solo porque el aporte se actualiza junto al precio del combustible y por la magnitud del incremento, sino también porque lo dispuso en febrero de 2022 cuando el límite para establecerlo era diciembre de 2021. Comenzando 2023, en el contexto de una sequía devastadora, la suba de la tasa trepó a 8 litros por hectárea y los productores dijeron “basta”. Ya en febrero, habían firmado una carta con pedido de acceso a la información pública para conocer la magnitud de la recaudación y el destino de los fondos pero nunca pudieron lograr ese objetivo a pesar de que las comunas están obligadas a presentar públicamente su balance y rendición de cuentas.
El mapa de la tasa vial rural en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe es tan dispar como fangoso. En la mayoría de los casos, la información sobre el contenido de esas cajas de dinero que llenan los productores agropecuarios en cada localidad y el destino de los fondos es escurridiza, opaca o inexistente. En este escenario, los consorcios público privados integrados por las comunas y los ruralistas, parecen ser, hasta ahora, la única herramienta capaz de impedir, al menos en parte, la inacción estatal y el desvío de fondos hacia dimensiones desconocidas.