El kirchnerismo es como una serpiente hambrienta que se come su propia cola. Sobrevivirá de ese modo hasta que no quede más de ella misma.
Un episodio casi anecdótico de la historia económica reciente de la Argentina es muy ilustrativo y marca con claridad que Cristina Fernández de Kirchner y todo su coro de aduladores -interesados e improvisados- son los principales culpables de la crisis cambiaria actual, que muestra una de sus facetas en este desesperado reclamo del gobierno a los productores para que vendan su soja para que los exportadores de granos puedan a su vez liquidar las divisas que necesita el Banco Central para enfrentar esta corrida.
Antes de comenzar su actual campaña mediática para demonizar a los silobolsas, el gobierno apeló a una receta conocida: hablar con las agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC pidiéndoles un adelanto de las divisas proyectadas por sus exportaciones. No es algo nuevo pues últimamente lo han hecho todos los gobiernos. Lo hizo Alfonso Prat Gay en tiempos de Cambiemos y también lo hizo Martín Guzmán en los primeros meses de 2020, cuando Alberto y Cristina comenzaban con su mandato.
La respuesta de Gustavo Idígoras -que representa a un sector que concentró el 40% de las exportaciones totales del país y que viene de inyectar una cantidad récord de divisas en todo 2021 y en el primer semestre de 2022- fue que no había margen para hacerlo, pues los productores se resistían a vender sus granos. El hábil ejecutivo incluso les sugirió a los atribulados funcionarios del equipo económico que un camino posible para tratar de convencer a los productores de desprenderse de sus granos era reducir temporalmente las retenciones, de modo de asegurarles un mejor tipo de cambio.
Las cerealeras/aceiteras (que como bien dice el gobierno cuando intenta demonizarlas son apenas una docena) suelen argumentar que ellas ingresan los dólares al país y los “liquidan” ante el BCRA recién cuando necesitan los pesos para pagar a los chacareros por su soja, trigo o maíz. Si no tiene quien les venda, entonces frenan este proceso.
Pero ha sucedido a veces que aceptan “anticipar” estas liquidaciones a pedido de las autoridades, claro que a cambio de ciertos gestos oficiales. Favor con favor se paga.
Como lo hicieron con Mauricio Macri, las grandes agroexportadoras también aceleraron su cronograma de liquidación de divisas a pedido de Guzmán, cuando el gobierno de Alberto intentaba una salida a la crisis que había heredado y tenía crédito y autoridad moral para pedir favores. Cristina, por esos meses de 2020, no había activado todavía su arsenal destituyente y Guzmán era considerado un niño prodigio que le había sido recomendado por Joseph Stiglitz. Estas cosas nunca quedan escritas, pero se sabe que el ministro pidió a las grandes compañías agrícolas que le adelantaran unos 4.000 millones de dólares. Y que así lo hicieron.
¿Cuál fue el favor a cambio? El regreso del diferencial histórico de retenciones para los derivados de la soja (el harina y el aceite, principales productos de exportación del país), que había sido derogado por Nicolás Dujovne en agosto de 2018, a instancias de Luis Miguel Etchevehere y al ala más liberal de la coalición. Este diferencial, que venía de los tiempos de Carlos Menem, significaba según la industria aceitera un “premio al valor agregado”, pues si el porto de soja tributaba 30% de derechos de exportación, sus subproductos lo hacían dos o tres puntos menos.
El regreso del diferencial sojero en los primeros tiempos de esta etapa de gobierno kirchnerista fue la contraprestación autorizada por Cristina en aquellos tiempos en que el Frente de Todos lucía unido y vigoroso. El argumento fue justamente que había que favorecer el procesamiento de la soja en el país o “industrializar la ruralidad”, como le gusta decir a la saltimbanqui de Cristina. El segundo gesto de la jefa que se prometió al sector -y que luego nunca se cumplió- fue el apoyo oficial a una ley de fomento de las agroexportaciones redactada por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un bloque de 60 entidades entre las que reluce la propia Ciara-CEC. El mismo Idígoras es uno de sus principales animadores.
Luego vinieron los días de distanciamiento y el veredicto fatal de la vicepresidenta contra el presidente que ella misma había elegido. Un capítulo central de esta ofensiva fue que a fines de 2021 el kirchnerismo más duro impuso a Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior, en reemplazo de Paula Español y recortando el poder de Matías Kulfas.
Una de las primeras obsesiones instaladas públicamente por Feletti, uno de los funcionarios k que durante los años fríos de macrismo se refugió en la Municipalidad de La Matanza, fue la necesidad de “desacoplar” los precios del trigo y otros granos que venían experimentando un alza en el mercado internacional, una buena noticia para la economía (porque implicó una mayor entrada de divisas) pero una mala noticia para los consumidores.
El secretario kirchnerista de Comercio habló sobre la necesidad de generar fideicomisos para reducir el precio interno del trigo desde diciembre pasado, pero fue recién en marzo de 2022 -cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de los granos treparon todavía más- que logró el permiso político para avanzar en la implementación del FETA (Fondo estabilizador del Trigo Argentino). Con el aval de la Jefe, Feletti también logró vencer la resistencia que hasta entonces ejercían los sectores más moderados del gobierno (empezando por Kulfas, pero también por Julián Domínguez que se hace el distraído), que consideraban que ese tipo de intervenciones no iba a ser efectiva, como finalmente sucede ahora.
Pero Feletti tenía el aval de una Cristina que empezaba a imponer con violencia sus recetas también en la economía.
Entre las cosas que Cristina decidió fue que el FETA -que distribuyó de entrada sus recursos de forma muy sospechosa, sobre todo direccionados a favor de la empresa Molinos Cañuelas- se iba a financiar con 400 millones de dólares provenientes de la soja. Pero como las retenciones aplicadas a ese cultivo ya estaban (desde marzo de 2020) en el máximo autorizado por el Congreso de 33%, al gobierno no le quedó más remedio que rascar el fondo de la olla e incrementar en dos puntos las retenciones a los derivados de la molienda, que en ese momento tributaban 31%, dos puntos menos que la materia prima.
De ese modo Guzmán, el ministro de Economía que comenzaba a ser hostigado por el kirchnerismo, no tuvo más remedio que eliminar el diferencial histórico de retenciones que él mismo había reimplantado unos meses antes. Las empresas de Ciara-CEC reaccionaron con vehemencia e incluso amenazaron con acudir a la justicia. El niño prodigio al que habían ayudado anticipando la liquidación de divisas ahora les clavaba por la espalda el cuchillo de la traición. Fue apenas hace tres o cuatro meses.
El argumento del kirchnerismo para justificar esa medida fue que iba a contramano de lo decidido por Macri. Y era cierto.
Lo demás es historia conocida. Guzmán pegó el portazo justo en el mismo momento en que Cristina lo criticaba en otro de sus discursos de maestra ciruela. Fue el inicio de una corrida cambiaria que todavía tiene final abierto y al cual el gobierno casi no tiene resistencia para ofrecer.
Frente a la debacle, los funcionarios de equipo económico volvieron a recurrir -como Macri y como Alberto en sus primeros meses de gestión- a las agroexportadoras que ellos mismos se habían ocupado de traicionar unos pocos meses antes, al eliminar el diferencial de retenciones. La reunión debe haber sido digna de una escena de la película El Padrino. Los representantes de las cerealeras deben haber respondido con el silencio al pedido desesperado de los emisarios de Cristina. Luego la despedida debe haber sido con una palmada comprensiva sobre la espalda, quizás como Al Capone despidió a un mafioso arrepentido del que sabe tiene los días contados. No vale la pena ni un disparo.