Sigue la polémica por el proyecto de ley presentado por dos diputadas del Frente de Todos, Alcira Figueroa, de Salta, y Mabel Caparrós, de Tierra del Fuego, para sacar a las entidades del campo del Consejo Directivo del INTA. Más organizaciones ligadas al agro se sumaron al rechazo a la iniciativa que ya había sido expresado por la Mesa de Enlace y productores autoconvocados.
En un comunicado, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), dijeron: “El apuntar arteramente a la composición del Consejo Directivo proponiendo sólo la conducción del Estado, es destruir la esencia de la participación privada y académica en el debate y en las decisiones de las políticas de la institución, que mucho tiene que ver con el prestigio que el INTA tiene dentro y fuera del país. Esta embestida no es un hecho aislado porque ya sobrevoló en otras ocasiones”.
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El proyecto de ley presentado por Figueroa y Caparrós le quita la representatividad a las entidades del agro en el Consejo Directivo del INTA (hoy tienen lugar allí Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola). En cambio, suma, además de un representante del Ministerio de Agricultura, otros del Senasa, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y las provincias.
Las cadenas agrícolas argumentaron su pedido al sostener que son innumerables las instituciones, asociaciones y cámaras que “tienen una profunda y virtuosa relación de trabajo con el INTA hace muchos años de las que se desprenden cantidades de experiencias positivas y exitosas que resultan de la interacción y el trabajo conjunto”
