El gobierno argentino, por medio de una resolución del Poder Ejecutivo, dispuso que los empresarios agrícolas afectados por “motivos de fuerza mayor” no estarán obligados a cumplir contratos de ventas forwards de trigo 2022/23.
La cuestión es que esa misma iniciativa, pero referida a soja, intentó ser promovida en Paraguay un mes atrás, pero en el ámbito del Poder Legislativo, aunque no prosperó porque fue rechazada por todos los integrantes de la cadena agroindustrial.
La propuesta en cuestión fue presentada por el diputado Colym Soroka (Asociación Nacional Republicana; Itapúa), quien sostuvo que era necesario aplicar medidas extraordinarias ante el fracaso de la cosecha de soja en 2021/22, que fue de 4,0 millones de toneladas con un rendimiento medio nacional de apenas 1212 kg/ha.
Colym Soroka, quien es empresario agropecuario y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, elaboró un proyecto que contemplaba prorrogar, por el término de un año, las obligaciones derivadas de los contratos forwards cuyo objeto sea la entrega de granos producidos en la zafra 2021/22 independientemente de los volúmenes comprometidos.
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Capro) manifestaron su rechazo al proyecto.
Pero la medida también fue rechazada por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) y la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) al entender que la medida atentaba contra principios básicos del derecho al interferir entre acuerdos realizados entre privados. Por ese motivo, la iniciativa fue desestimada y pasó a mejor vida.