En campo propio, el productor solo se lleva el 6,73 %, y si sus resultados fueran negativos por la sequía, el Estado, igualmente obtendría US$ 560 por hectárea.
Considerando un rinde promedio para la próxima campaña igual al de la campaña anterior de 28 quintales por hectárea (qq/ha), el Estado, en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, se quedaría con 723 dólares por hectárea (US$/ha), mientras que al productor, en campo propio, apenas le quedarían US$ 95,94 US$/ha. (Cuadro 1). Así se desprende del análisis realizado por el ingeniero agrónomo y productor cordobés, Néstor Roulet, exsecretario de Agregado de Valor durante el gobierno de Mauricio Macri.
En un contexto donde La Niña está golpeando fuertemente a los cultivos por las escasas lluvias, si se hacen los cálculos con un rinde un 20 % menor al promedio de la campaña anterior (22 qq/ha), «el Estado recaudaría alrededor de US$ 560 por hectárea (Cuadro 3) y al productor no le quedaría nada», afirmó el ingeniero.
Solo para los gastos y el Estado
En esta campaña, con altas probabilidades de sequía, donde, según las proyecciones de Roulet, el productor invierte 542 US$/ha entre costos directos e indirectos (sin contar el costo oportunidad de la tierra que a un valor de 12.000 US$/ha sumaría otros 360 US$/ha), el resultado final es negativo pero el Estado, de todas maneras, se llevará el 50 % de dólares que ingresan al país por cada hectárea de soja (Cuadro 4)
A nivel país, con una intención de siembra de 16,7 millones de hectáreas (Cuadro 5), el Estado se quedaría con US$ 9.362 millones de los US$ 18.737 millones que ingresaran por el cultivo de la soja.
Los pronósticos climáticos de menores precipitaciones para fines de 2022 y principios de 2023, seguramente generarán una merma en la producción de la campaña 2022/23 en comparación con el rendimiento promedio de 28 qq/ha del ciclo 2021/22. «En este caso, y suponiendo un 20 % de merma del rendimiento promedio, la inversión hecha por hectárea de 524,81 US$/ha se la queda prácticamente el Estado mediante la presión impositiva que asciende a 560 US$/ha», sostuvo Roulet.
Esto se debe básicamente a que «la mayor parte de esta presión impositiva (66 % del total) se debe a un tributo sobre los ingresos brutos (retenciones) distorsivo, que genera que a pesar de que el productor no tenga rentabilidad, el Estado se quede con el 50 % de los ingresos», señaló el ingeniero.