Un especialista repasa el escenario de debate sobre el marco regulatorio y plantea claves para el desarrollo del sector y el cuidado del medioambiente.
Las inversiones en plantas productoras de biodiesel y bioetanol implicaron miles de millones dólares en pocos años, más de 12.000 puestos directos de trabajo y 60.000 en forma indirecta; todos en el interior del país.
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 322/2021, publicado este lunes, extendió hasta el 12 de julio próximo la vigencia de la Ley 26.093 de Biocombustibles, que tras 15 años vencía este miércoles.
Estamos así en una situación donde comienzan 60 días para negociar una nueva ley de biocombustibles. Es un tiempo exiguo, pero al menos existe, ante el vencimiento de la ley, y la necesidad de regular la actividad durante la próxima década.
Hubo muchas idas y venidas hasta que apareció este decreto que extiende el régimen. A fines de octubre del año pasado, el Senado de la Nación, de manera unánime, le dio la primera media sanción a un proyecto de ley de prórroga hasta el 31 de diciembre del 2024, que giró a Diputados para su tratamiento, y a pesar de la promesa de tratar ese proyecto por parte del presidente de la Cámara, Sergio Massa, no fue así por distintas presiones.
El Poder Ejecutivo, a través del secretario de Energía, Darío Martínez, siempre expresó que lo mejor era una nueva ley. Existía mucha preocupación por el nivel de judicialización que acumuló el régimen a fines del año pasado, por una serie de errores y omisiones –las llamaría mala praxis de la Autoridad de Aplicación– y produjeron que varios productores de biocombustibles iniciaran acciones legales, con muchas medidas cautelares, aunque algunas de ellas fueron luego retiradas por un acuerdo que se llevó a cabo entre la Secretaría de Energía y los productores. Esa preocupación por el aumento de la judicialización llevó a buscar una nueva ley que impida invocar derechos adquiridos.
En el período de dos meses que comienza, el gran interrogante es si desde el oficialismo se va a insistir con el proyecto que presentaron días atrás el diputado Marcos Cleri y otras 14 firmas del Frente de Todos, más la del diputado Domingo Amaya de Juntos por el Cambio de Tucumán.
La duda es si hay voluntad de efectuar cambios estructurales o no, porque ese proyecto presenta muchos problemas: hay muchas críticas y no todos los consensos que se esperaban propiciara el oficialismo. Es muy probable que se convoque a una reunión plenaria de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda para tratarlo en conjunto y luego llevarlo a sesión en el recinto.
La oposición no está de acuerdo con esta iniciativa, con lo cual se presentan distintos escenarios, por ejemplo que presente un dictamen en minoría. O que se retome el expediente del Senado, lo cual extendería la prórroga tres años y medio.
Debemos incluir en la discusión todos los proyectos presentados con estado parlamentario y no sólo el que presentó el oficialismo. En particular hay uno presentado por el diputado Carlos Gutiérrez y otros legisladores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, bajo el expediente 6253-D-2020 (ver documento debajo de este párrafo), que propone una vigencia de 15 años y que está en línea con lo que había propuesto la Liga Bioenergética. Es un proyecto muy integral y habría que tomarlo como referencia respecto de lo que hace falta en el país.
El gran tema en estos próximos 60 días va a ser lograr una buena ley para el futuro de los biocombustibles en el país. Y eso justamente depende de que el oficialismo abra el juego para introducir cambios estructurales.
Hay que ver lo que ocurre en el Senado, dado que muchos senadores nacionales quedaron bastante molestos ya que luego de la media sanción unánime al proyecto de prórroga hasta 2024, el mismo no fue tratado por Diputados y quedó cajoneado.
Habrá que ver qué ocurre en los próximos días, son horas cruciales para el futuro de los biocombustibles en Argentina.
Debemos tener en cuenta que para que sea un proyecto superador a la actual ley de biocombustible tiene que haber previsibilidad en serio. Es decir, las reglas de juego deben ser claras y deben ser cumplidas. Si se propone, como lo hizo el oficialismo en la iniciativa legal que está bajo análisis, se le darían cheques en blanco a la autoridad de aplicación y esto implica una discrecionalidad absoluta. La política de biocombustibles en el país tiene que estar muy clara desde su sanción en el Congreso de la Nación y no dejarla abierta a que cualquier funcionario de turno la cambie con cualquier decisión. Entonces, el tema de la discrecionalidad es crucial.
Porcentajes de los cortes con nafta y gasoil
La otra cuestión es la necesidad de no reducir los cortes. El oficialismo está proponiendo una reducción del corte de gasoil con biodiesel al 5%, lo que implica un retroceso porque actualmente llegó hasta el 10% a través de resoluciones. Esa baja representa una violación del principio de progresividad, incluido en el Acuerdo de París, que Argentina ratificó por ley 27.270. También dicho principio está en el artículo 4° de la Ley Nacional Ambiental 25.675, por el cual todos los países que se comprometen a hacer esfuerzos en materia de reducción de gases de efecto invernadero no pueden volver para atrás.
El argumento que expone el oficialismo respecto de que esta iniciativa nueva está proponiendo lo mismo que la ley 26.093, es decir, tomar un corte de gasoil con biodiesel como mínimo al 5%, no es válido porque ese texto fue redactado en 2006 y de a poco se fueron sumando normas complementarias que tienen un valor intrínseco muy importante. No se puede retroceder desconociendo el avance con normas complementarias.
Y en el caso del bioetanol que hoy está con un corte en el 12%, también subió desde el 5% a través de resoluciones y el decreto 543 del 2016. No puede bajar un 3% como propone el gobierno, que está generando una discriminación en contra del bioetanol de maíz, al cual le propone una baja del 3% decidido por la Autoridad de Aplicación. Realmente no corresponde porque estamos con el mismo problema que en el caso del gasoil con biodiesel: una baja del corte a los niveles actuales es violatoria de los acuerdos firmados por Argentina. Recordemos que los acuerdos internacionales tienen más validez que la Constitución Nacional.
Límites de participación
Hay una serie de puntos adicionales que implican arbitrariedades a favor de algunas empresas con relación a otras. Por ejemplo, se cierra la posibilidad de ingreso de nuevos actores al negocio de los biocombustibles en Argentina. Es decir, que si aparece alguien, por ejemplo en Mendoza con un proyecto de hacer alcohol de mosto, para participar tendrá que esperar hasta que se utilice toda la capacidad instalada actual en la Argentina para producción de bioetanol. Realmente esas cuestiones son muy discutibles, implican algo así como una contratación directa masiva de proveedores.
Además, en la última propuesta del Gobierno, no se incluye la posibilidad de que las empresas exportadoras integradas sean sujetos para la operación interna de entregar el biodiesel a las mezcladoras petroleras que están obligadas a hacer el corte. Solo pueden ingresar al negocio las que hoy están contempladas, que son las pequeñas, medianas y grandes no integradas; en este último caso aquellas firmas de capacidad instalada importante que no están ubicadas en forma adyacente y complementaria con una gran planta de molienda de soja.