Mientras un grupo de diputados de la oposición pretende que se trate un proyecto de ley que busca prorrogar por cuatro años más el actual esquema de los biocombustibles, que ya tiene 15 años de vida, el Gobierno se encuentra analizando el marco y el impacto fiscal de un programa que no cuenta con el consenso necesario para extenderse.
En este marco, Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía, explicó que el mayor costo de los biocombustibles fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos. “Eso generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, porque se trata de un impuesto coparticipable”, advirtió.
“El costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor”, afirmó Arceo.
Al destinarse aceite de soja y de maíz a la elaboración de biocombustibles, dejaron de exportarse productos por los cuales el Estado hubiera cobrado impuestos y retenciones a las exportaciones durante los últimos 15 años.
En tanto, la Argentina no exporta azúcar, dado que se registra sobreoferta de ese producto a nivel mundial y su consumo es cada vez más combatido en todo el planeta por su impacto en la salud. En cambio, los otros biocombustibles tienen opciones de exportación que generan divisas muy valiosas para el país, además de trabajo y valor agregado local. El maíz se exporta como grano, como aceite o como harina (Argentina es el tercer exportador mundial), y la soja se exporta como poroto, como harina o como aceite (nuestro país es el primer exportador mundial de aceite de soja, y también de biodiesel).
