Pasan los días y se van conociendo detalles del plan que elaboró Daniel Arroyo, virtual ministro de Desarrollo Social del nuevo gobierno de Alberto Fernández, pare salir a enfrentar los núcleos más duros del hambre en el país, una ofensiva a la cual se comprometieron públicamente varios actores del sector agropecuario. El propio Arroyo contó algunas cosas en una entrevista publicada este lunes por el diario Página/12.
Pero lo que nadie dice en público todavía es cómo se va a financiar el gasto necesario para llevar adelante el plan. En ese sentido, se sabe que algunos integrantes del sector agropecuario que mantuvieron reuniones con el equipo de Arroyo le propusieron crear un fideicomiso especial para recaudar los 45.000 millones de pesos que se necesitan en esta primera etapa, a partir de destinar al menos 2 puntos de las retenciones a un fideicomiso.
En Página/12 Arroyo contó que el aporte oficial se canalizará hacia las personas más vulnerables a través de una tarjeta bancaria, y que en una primera etapa se llegará a dos millones de personas, empezando por las madres con hijos menores de seis años. Esa tarjeta podrá ser utilizada para la compra de alimentos, pero no para extraer dinero de cajeros automáticos.
Bichos de Campo accedió a un documento que elaboraron algunos actores del agro que fueron convocados por Arroyo a participar de la iniciativa. Allí se hace una propuesta, que no solo significa un aprorte de dinero desde el campo sino asumir un compromiso de que las nuevas retenciones no afectarán sectores que han mostrado vigor desde que les quitaron el tributo en 2015, en referencia al maíz, el trigo y la carne vacuna.
“Durante los últimos años los sectores agroganaderos de la Argentina hemos trabajado fuertemente, los resultados en términos de toneladas producidas están a la vista”, afirma el documento, que no solo destaca el crecimiento de algunas producciones sino el aporte que esto significa para la sustentabilidad de todo el sistema. “Este equilibrio virtuoso entre cultivos y actividades no hubiera sido alcanzado de no haber tenido lugar la reducción de las retenciones para maíz, trigo, carnes y lácteos, como asimismo el desmantelamiento de sistemas de cupos y permisos”, recordaron los integrantes del grupo, formado por varias entidades.
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Pero estos sectores fueron convocados por Arroyo para otra cosa: para colaborar más que para plantear su propio escenario. Tras destacar que no debe alterarse las reglas para muchas actividades, los “agroganaderos” hacen los deberes y afirman que “atentos a la situación actual y con el objetivo de contribuir a sostener el acceso de los sectores más perjudicados por la crisis a la canasta básica alimentaria y asimismo generar las divisas que el país necesita para salir adelante, los sectores productivos nos reunimos, intercambiamos pareceres e ideas y decidimos realizar una propuesta”.
Las cifras de este documento son llamativamente coincidentes con las que maneja y difunde el propio Arroyo. El universo al que ayudar es 2.169.000 personas, que componen 514 mil hogares. La canasta básica definida para un hogar sería de 12.246 pesos, pero el ingreso familiar promedio del hogar indigente es de solo 7.733 pesos. Entonces hay que salir a cubrir una brecha por hogar que a julio pasado era de 4.513 pesos.
De este modo, el dinero a conseguir para cubrir la brecha anual para todos los hogares indigentes del país son 44.232.424.299 pesos.
“Las familias en situación de indigencia en Argentina requieren cerca de 45 mil millones de pesos anuales para poder adquirir los alimentos que les permitan salir de la situación de emergencia en la que se encuentran. Proponemos la conformación de un fideicomiso, de carácter público-privado, administrado en un ámbito a definir de común acuerdo, qué esté constituido por el 2% del valor de las exportaciones valor FOB de las principales exportaciones agroalimentarias argentinas”, dice el documento. Esto es, destinar un 2% de la recaudación por retenciones a estos fines.
El dinero, de acuerdo con esta propuesta, “se distribuirá mensualmente”. Dice el documento: “La distribución de los fondos en que estamos pensando es una distribución inteligente, aplicando el conocimiento adquirido en el manejo de tarjetas prepagas y el uso de bases de datos en poder de la ANSES. Estos medios inteligentes para la adquisición de alimentos, creemos que deben servir para incorporar paulatinamente criterios nutricionales de salud pública, con la finalidad de equiparar las posibilidades vitales de los jóvenes en situación de carencia hoy con las de aquellos que tienen sus necesidades básicas cubiertas”.
Como respuesta del gobierno de Alberto Fernández a esta esfuerzo del sector agroganadero, los firmantes (que no se identifican) le piden un acuerdo para “establecer una política de Estado entre el sector público y privado a fin de abastecer el aumento en la demanda internacional de cereales y oleaginosas, trabajando en conjunto para logar un aumento de la producción para el año 2023 en el orden de las 46 millones de toneladas de maíz, 19 millones de toneladas de soja y 5 millones de toneladas de trigo”.