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El default de la agroindustrial Vicentin por más de u$s1.300 millones escaló hace rato a la categoría de escándalo, no sólo por la millonaria línea de crédito que tenía abierta con el Banco Nación (y que hoy dice que no puede pagar), sino también por el poderío que representa esta firma en el mundo de los agronegocios locales debido a sus cuantiosos activos.

Justamente, empresas que actualmente no están alcanzadas por la convocatoria de acreedores aunque son parte del grupo, recibieron ofertas de compra concretas, según remarcan fuentes consultadas por Ámbito Financiero. Pero los dueños de Vicentin las habrían rechazado, a pesar de los cientos de damnificados que están afectados por el default.
Contactos. Alberto Padoan y Mauricio Macri se reunieron varias veces.
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Vicentin: devaluación y juego político, claves en la debacle

Pasaron más de dos meses desde que la compañía se declaró en cesación de pagos, y semanas desde que pidió la apertura del concurso de acreedores. Y apenas días desde que sus principales directivos, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, fueran imputados por la Justicia. El panorama se vuelve cada día más complejo, los tiempos escalaron mucho más de lo imaginable y en el medio la compañía argentina recibió al menos dos ofertas concretas por algunas de sus empresas. Pero ninguna llegó a buen puerto porque, según indican en el sector, los dueños de Vicentin no quieren perder activos a pesar de la debacle.

Vicentin Family Group tiene bajo su órbita un entramado de empresas. Una es Vicentin SAIC, dedicada al procesamiento y exportación de granos, y es la que hoy está en default. Otra es ARSA (Alimentos Refrigerados SA), dedicada a la industria láctea luego de comprar parte de la operatoria de postres y yogures de SanCor. El frigorífico Friar dedicado principalmente al negocio exportador, Algodonera Avellaneda (acopio, desmotado; hilado y tejido; confección de prendas de vestir y fabricación de algodón hidrófilo), Los Corrales de Nicanor dedicada el negocio del vino. También está Renova, la planta de biodiésel que tiene en asociación con la multinacional Glencore. Y por último tiene quizás su joya más preciada: el 51% del capital accionario de Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de los muelles I y II del Puerto de Rosario.

Si bien todas estas empresas representan varios miles de millones de dólares, en el caso de TPR, junto a la terminal de embarque que tiene con Renova, son activos que van más allá del negocio agroindustrial porque significan la posibilidad a cualquier empresa, local e internacional de contar con operatoria y manejo en puertos propios. Un activo muy apreciado hoy en día en el comercio internacional, por el cual Vicentin también recibió ofertas de compra que terminó desechando.

En el caso de Glencore en el sector indican que intentó quedarse con el resto de la planta de biodiésel que tiene con la compañía argentina y también con otras de sus unidades de negocios. Lo mismo sucedió con una firma agroexportadora argentina de capitales nacionales, tampoco se llegó a un acuerdo mientras tanto Vicentin continuaba dilatando la convocatoria de acreedores.

Concretamente de ahora en más, una vez que se ejecute la apertura del concurso de acreedores, los activos de Vicentin SAIC quedarán fiscalizados por la Justicia comercial que lleve la causa. Es decir, si sus dueños quieren vender o comprar una empresa, deberá remitirse el plan al juzgado. Este escenario sería justamente el que la familia dueña de Vicentin quiere evitar. Por lo pronto, a través de sus operadores, los dueños hicieron correr la afirmación de que sus dos plantas de procesamiento “valen cada vez menos” porque están paradas hace más de dos meses.

Si bien la empresa está cada vez más acorralada por la Justicia, según cuentan en el mundo de los agronegocios, la intención de sus dueños sería “vender algún activo menor”. Pero esta opción no sería suficiente para resolver su default. Mientras, buscará por todos los medios conservar intacta su estructura gigante mientras avanza el concurso de acreedores y los cientos de afectados, entre los que se incluye el Banco Nación, deberán someterse a los plazos de la Justicia comercial.