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En la Argentina está vigente el esquema de “doble retención”: una directa (alícuota sobre el precio FOB de exportación) y otra indirecta generada por el diferencial creado por la intervención del mercado cambiario.

Con el valor FOB “spot” actual del maíz Rosario, 247 u$s/tonelada, una alícuota del 12% vigente sobre el cereal representa una extracción de 29,6 u$s/tonelada.

Luego el precio resultante, al ser convertido al tipo de cambio comprador BNA (98,5 $/u$s), representa 21.414 pesos/tonelada, los cuales, para ser transformados nuevamente en la moneda estadounidense, requieren cambiarse a un valor de 176,4 $/u$s por medio de la operación denominada “dólar bolsa” (MEP).

El resultado de esa doble extracción representa un precio de 121,3 u$s/tonelada, el cual no es el valor final recibido por el productor agrícola, porque aún falta descontar del mismo los gastos de comercialización y el margen de utilidad del exportador, los cuales en conjunto representan una cifra del orden de 11,0 u$s/tonelada.

En definitiva: mientras que el productor –tal como sucede en Brasil, Uruguay o Paraguay– debería recibir por el maíz disponible Rosario un precio de al menos 236 u$s/tonelada, apenas embolsa unos 111 u$s/tonelada.

Eso implica que el maíz Rosario disponible tiene actualmente una retención efectiva (nominal + cambiaria) del 53%. En otras palabras: el Estado se lleva más de la mitad del precio del maíz, el cual, una vez vendido, deberá generar recursos suficientes para abonar impuestos nacionales (como el impuesto a las Ganancias), provinciales (como Ingresos Brutos e Inmobiliario Rural) y municipales.

Como  el gobierno de Alberto Fernández considera que esas dos barreas son insuficientes para deprimir el precio interno del maíz, desde fines del año pasado procedió a intervenir el mercado del cereal con el propósito de regular las exportaciones del grano.