Si bien buena parte de la estrategia comunicacional de los impulsores del proyecto oficialista de humedales consiste en intentar polarizar el debate sobre el tema, existen en la Argentina experiencias exitosas que lograron compatibilizar la producción con el cuidado ambiental.
Una de las personas que puede dar testimonio al respecto es el ingeniero agrónomo y productor agropecuario Jorge Vara, quien, además de ser docente en la Universidad Nacional del Nordeste, fue ministro de Producción de Corrientes entre 2009 y 2019, año este último en el que fue elegido diputado nacional por la UCR.
“Tengo diez años de experiencia en gestión pública y tuve que aplicar muchas de esas leyes, incluyendo la Ley de Bosques (Nº 26.331), y sé bien lo que es poder o no aplicar una legislación, porque una ley puede ser nacional, pero son las provincias las que la tienen que aplicar, dado que la Constitución Nacional indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, aseguró Vara a Bichos de Campo.
El diputado correntino estimó que el proyecto oficialista sobre humedales, que propone la posibilidad de que la Nación determine vastas áreas del territorio argentino como no aptas para desarrollar actividades productivas, es inaplicable tal como está redactado. Y explicó que en su provincia, a través del diálogo, se llegó a un entendimiento entre los intereses de todos los participantes.
No la tuvo fácil, porque la entonces The Conservation Land Trust (actualmente Rewilding Argentina), emprendió, tal como sucede actualmente a nivel nacional, una campaña orientada a polarizar el debate, aunque posteriormente se impuso el diálogo y el consenso.
“Existen más de 700.000 hectáreas del Gran Parque Iberá que están en tierras privadas y se iniciaron negociaciones con los sectores forestales, ganaderos y arroceros”, recordó.
“No prohibimos la producción de arroz, pero limitamos la instalación de nuevas arroceras”, apuntó, para luego indicar que, con el tiempo, las empresas arroceras dejaron el Iberá porque la región no es la más apta para producir arroz en la provincia.
“Las empresas forestadoras, por su parte, asignan a conservación una parte del campo, que son generalmente de grandes extensiones. Una vez determinada la reserva, la provincia autoriza a forestar. Y se avanzó mucho con los planteos silvopastoriles. Fuimos manejando los conflictos que surgían, con diálogo, pero en un marco de confianza”, expresó el diputado.
Vara dijo además que, si existe una compensación por el no uso del territorio, es porque se acepta que existe un lucro cesante, lo que no es adecuado, porque las naciones deben asumir la posibilidad de hacer un uso inteligente de sus recursos.
Y recordó que las compensaciones establecidas en la Ley de Bosques, que deberían ser abonadas por el Estado nacional a las provincias y los propietarios afectados, no se cumplieron jamás.
“La actividad agropecuaria está mayormente integrada por empresarios que son cuidadosos con los recursos naturales, no sólo porque dependen de ellos, sino además porque quieren que las siguientes generaciones sigan siendo parte de la actividad”, resumió.