Allá lejos y hace tiempo, Bichos de Campo se sorprendía gratamente por la noticia sobre la obligatoriedad que tendría la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción frutihortícola, mediante su incorporación al Código Alimentario Argentino. La demonización de la agricultura extensiva tapaba –y sigue tapando- mucho de los que sucede en la producción de frutas y verduras para consumo humano directo.
Por si el concepto no queda muy claro, las BPA son prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de una explotación agrícola, que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios. La resolución 5/2018 definía la aplicación de BPA para el sector frutícola en enero de este año, y para la horticultura en enero del 2021. Es decir, estamos a la vuelta de la esquina.
Pero de esa resolución hasta hoy pasaron elecciones, un cambio de gobierno, renovación de autoridades en el Ministerio de Agricultura, en el INTA y Senasa, y hasta una pandemia. Todo esto bajo el paraguas del sistema burocrático argentino.
Transcurridos los primeros meses del año, algunos operadores comenzaron a mostrar dudas sobre la real aplicación de esta resolución, y la misma redacción de Bichos de Campo tuvo sus inquietudes. Sin embargo, el pasado 7 de octubre, una nueva resolución ministerial dio cuenta de que el tema continúa en agenda.
“Apruébese el Curso oficial de formador de formadores de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para l producción de frutas y hortalizas frescas”, y el “Curso de asesores de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de frutas y hortalizas frescas”. Ese es el primer artículo de la resolución 214/2020 que da cuenta de que –sin ser irrespetuosos- hay vida en Marte.
Juan Ibañez, integrante de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa, confirmó a Bichos de Campo: “Están vigentes las resoluciones y se están aplicando. La 214/2020 que es la reciente, le da más fuerza a la resolución 5/2018 porque clarifica y le da entidad al curso oficial, que su anterior no citaba.”
Las inquietudes de los operadores se desprenden del mismo eje de esta política: inocuidad de los alimentos, cuidado ambiental y bienestar social. ¿Qué les preocupa? Los malos manejos productivos en determinados cordones frutihortícolas del país, las posibles implicancias en la salud de los consumidores y la aparente baja respuesta de las autoridades.
Es importante aclarar que al hablar de malos manejos no se hace referencia solo a aplicaciones incorrectas de fitosanitarios, sino también a prácticas como el riego de plantaciones con agua cloacal. Si, la lechuga que llega a tu mesa podría estar contaminada con Escherichia coli, es decir una bacteria que suele decir presente en el excremento.
Ante esto el funcionario de Senasa se sinceró: “Si me preguntan si todo esto alcanza, honestamente debo decirte que no. Pero estamos en una etapa de implementación, acompañamiento y difusión. Esto no deja de ser realmente reciente, la incorporación va a llevar un tiempo. No hay que ver el vaso lleno ni tampoco vacío”.
Cuando hablamos de cumplimento de las normativas nos referimos a los siete puntos de las BPA: la formalización del productor a través de la documentación oficial (inscripción de Renspa, identificación de envases, emisión de DTVE), control de productos fitosanitarios a usar, control del uso de agua para higiene, lavado y riego, manipulación de productos durante la cosecha y la venta, control de la presencia de animales en las chacras y fincas (puedan contaminar la producción), registro de fertilización y nutrición (por ejemplo controlar que compost se usa) y por última la asistencia técnica, que asegurará una correcta implementación de todos los puntos anteriores.
Desde Senasa aseguran que la mayoría de los productores están en regla y que sólo un pequeño porcentaje está por fuera del sistema, pero que con estos controles se verán obligados a registrarse. Ibañez distinguió en este sentido al sector frutícola del hortícola: el primero es más estable, pasa de una generación a otra y la formalización está más extendida. En el segundo caso, su carácter rotativo hace que sea más difícil de controlar a productores que a veces solo trabajan por temporadas.
“No queremos que el productor se vea acorralado o perseguido”, aseguró el funcionario de Senasa, que se mostró muy contento por las cifras que dejaron las capacitaciones: 600 nuevos formadores de formadores (aquellos profesionales que capacitarán a los asesores) y 2500 nuevos asesores (quienes tendrán contacto directo con el productor) en este 2020. Todo gracias a cursos virtuales reforzados por la pandemia.
Ibañez confirmó además que la renovación anual del Renspa -para controlar la veracidad de los datos de los productores- seguirá vigente. Según dijo, esa es la verdadera forma de que una persona se vea imposibilitada de vender productos en condiciones irregulares. Por otro lado aseguró que el rol de los colegios profesionales como FADIA y CPIA ha sido positivo para replicar los cursos oficiales de BPA.
Será cuestión de tachar días en el calendario, para asegurarse de que se cumplan los plazos de implementación de estas normativas. Mientras tanto, habrá que lavar muy pero muy bien las verduras que cortas en tu plato.