En los últimos días, desde el oficialismo se encargaron de enviar señales que apuntan hacia un mayor control del Estado en materia de comercialización de trigo. En el marco de la Mesa Nacional de Trigo, que se llevó a cabo en la localidad cordobesa de Leones, el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, no descartó que desde la Casa Rosada se intervenga en esta cadena de comercialización triguera en un caso de “inseguridad alimentaria”. En este sector, si bien la cosecha asegura volumen para abastecer el mercado interno, este año la exportación se abasteció a mayor ritmo y existen algunas tensiones entre molinos y la industria panadera por el suministro de harina para los próximos meses.
Con respecto a los derechos de exportación, han dejado en claro que el actual porcentaje de retenciones podría sufrir modificaciones, situación prevista en la Ley de Solidaridad Social, que prevé un incremento adicional de 3 puntos en el tributo para los productos que salgan del país. En la actualidad, el porcentaje en soja es del 30; en trigo, maíz y girasol del 12 y en carne bovina un 9 por ciento.
Ante este escenario, la Mesa de Enlace no hace más que profundizar su división a cada paso. En los últimos días, mientras Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó que se debe empezar a definir “fecha y modalidad de un cese de comercialización», desde Federación Agraria Argentina (FAA) consideraron que no es el momento de “ir a una medida de fuerza extrema”. Este cruce se produce mientras las gremiales del campo no cesan en sus esfuerzos para conseguir un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
En este punto, los caminos se bifurcan. CRA entiende que debe responder ante sus bases, que reclaman movilizaciones, tal como expresó a través de un duro comunicado en donde también piden reglas claras para la producción agropecuaria. “Sin una agenda de trabajo conjunto y una relación campo-gobierno que permita generar mecanismos que generen certidumbres, es difícil avanzar», señalaron. En ese documento también reclamaron que el diálogo debe ir de la mano con «un alivio en la presión impositiva» y una «disminución del gasto político».
Una de las cuestiones que propicia la división en la Mesa de Enlace es el tratamiento diferencial en retenciones y a diferencia de sus pares, FAA propone segmentar este impuesto y crear un fondo de estímulo para las economías regionales. También sostuvieron que se debe fijar una eliminación progresiva de los derechos de exportación.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su titular Daniel Pelegrina pidió «privilegiar la unidad» de las entidades que componen la Mesa de Enlace, ante un escenario en donde la división es cada vez más evidente. De esta manera, a poco de iniciar la cosecha de soja y maíz, los productores no saben con qué nivel de retenciones entregarán sus granos. (www.REALPOLITIK.com.ar)