Una sola variedad de cebada con una antigüedad de casi una década –Andreia– ocupó en la campaña 2019/20 el 65% del total del área sembrada en el Argentina.
El dato corresponde al primer informe realizado sobre cebada por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) en base a las declaraciones realizadas por productores ante el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Para la campaña 2019/20 los productores argentinos declararon en el SISA el uso de 75 cultivares diferentes de cebada, pero apenas cuatro variedades ocuparon el 80% de la superficie sembrada.
Los cultivares sin propiedad intelectual representan casi la mitad del total de cultivares utilizados, aunque en 2019/20 aportaron apenas poco más del 9% del total del área sembrada.
Los cultivares con propiedad sembrados tienen una antigüedad promedio de menos de nueve años, mientras que aquellos sin propiedad tiene una media de más 28 años. El único cultivar sin propiedad intelectual vigente entre los más utilizados es Scarlett que ocupó un 6,4% de la superficie sembrada en 2019/20.
En la provincia de Buenos Aires se concentró el 88% de la superficie, mientras que el área restante se distribuyó –por orden de importancia– en La Pampa, Córdoba y Santa Fe, entre otras.
Un 10% de los productores concentraron prácticamente la mitad de la superficie sembrada de cebada y el 30% sembró más del 75% del área declarada. Este último grupo conforma a los denominados Grandes Usuarios de Semillas (GUS) de la especie, que son los principales objetos de las medidas de auditoría y control por parte del Inase.
Al igual que en las restantes especies incluidas en SISA, la información declarada por el productor, superficie por variedad y localidad donde se ubica su producción, es comparada con la referida a la comercialización de semillas, que es aportada por la cadena comercial, para determinar los casos sobre los que se hará el control documental de legalidad.
Como estrategias de control, el Inase empleo dos sistemas: uno de basado en una metodología por muestreo al azar y otro direccionado, basado en diferentes criterios de detección de inconsistencias entre lo declarado por el productor y los registros de sus ventas.