Seleccionar página

En una maratónica sesión en la Cámara Baja, que comenzó ayer al mediodía y siguió hasta la mañana de hoy, el oficialismo cosechó los votos necesarios para darle media sanción a dos proyectos que le dan urticaria al agro: el aporte solidario o impuesto a las grandes fortunas y la ley de manejo de fuego. Ambas iniciativas están a la espera del visto bueno del Senado.

Con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, el proyecto redactado por el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y director del Banco Credicoop, cruzó la meta con no tan holgada diferencia.

El debate se resumió en dos ejes centrales. El oficialismo argumentó que este aporte solo afectaría al 0.02% de la población, que dado el grueso de su patrimonio no se vería casi afectado, y aseguró que sería por única vez, siendo una ayuda circunscripta al contexto de la pandemia.

Por el contrario, la oposición dijo que este aporte oculta un nuevo impuesto que llegó para quedarse, remarcando que en Argentina ningún tributo fue por única vez, y lo trató de confiscatorio e inconstitucional por gravar bienes que según la ley de Bienes Personales están exentos.

Recordemos que el aporte involucra a quienes hayan declarado un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos y supone una alícuota del 2%, que se incrementaría a partir de que el patrimonio sea mayor. El máximo sería de un 3,5%, que pagarían aquellos que tengan declarados $ 3.000 millones o más.

Según el proyecto, lo recaudado se repartirá de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; un 20% para comprar equipamientos de salud por la pandemia; un 20% para apoyar a PyMEs con subsidios y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar y un 15% para urbanizar barrios populares.

“Se nos ha dicho que hay quienes deberán vender sus bienes para dar con este aporte. Eso es faltar a la verdad. Según la AFIP serán alcanzadas menos de diez mil personas. ¿Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas? Es una falacia decir que esto”, exclamó Heller en el inicio de la sesión.

Luego agregó: “Lo que les duele es el ejemplo y no el importe. Si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196 seguro que no le va a cambiar la vida. No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle estableciendo qué es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo, a los que menos tienen.”

A pesar de las cifras dadas por el autor del proyecto, el sector agroexportador asegura que este aporte alcanzará a más personas de las que se dice y que no necesariamente serán grandes productores, sino que puede tratarse de trabajadores rurales medianos y pequeños.

Un análisis realizado por la Fundación Barbechando demostró que, por ejemplo, un productor agropecuario que invirtió en el desarrollo de una planta de biodiesel, con un aporte de capital en infraestructura de 80 millones, en un campo de 70 millones de valor fiscal, sumado al capital productivo, estaría en el orden de los 200 millones.

De la misma forma indicaron que un productor que invirtió en una granja de cerdos de 400 madres, o un productor de pollos parrilleros con seis galpones, pueden superar este patrimonio ante la inversión realizada.

En este sentido, el misionero Luis Pastori, legislador de la UCR, afirmó que este proyecto no distingue entre la inversión financiera y la productiva y que el objetivo debería ser ampliar la base impositiva, capturando a quienes no pagan, y no arremetiendo contra el sector productivo.

“Este impuesto grava capital de trabajo, mercadería, insumos, bienes de capital, maquinarias, herramientas inmuebles, automotores afectados a la producción, propiedades rurales y la vivienda familiar que no la exime como bienes personales. Para las pymes y el empleo este impuesto es una segunda pandemia. Le pega al campo sin mínimo no imponible que quede exento y sin desgravar la vivienda de uso familiar”, dijo.

Durante las idas y venidas del debate, los ojos estuvieron puestos en los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, cuyos votos son siempre disputados por los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Para lamento de la oposición, esta vez la mayoría acompaño al oficialismo a diferencia de Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, que indicó que este aporte “presenta algunos inconvenientes, tanto jurídicos como técnicos, y siembra dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad.”

Un voto negativo sorpresivo fue el de Alma Sapag, integrante del unibloque Movimiento Popular Neuquino, que si bien suele ser aliada del Frente de Todos, indicó que este proyecto va en contra de las reglas claras que piden los inversores externos y que al buscar absorber parte de la renta del contribuyente es confiscatorio.

Hacia el cierre de bloques, el presidente de Juntos por el Cambio, Mario Negro, dijo: “No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si ese es el camino y el rumbo”. Responsabilizó al Poder Ejecutivo por la situación económica de la pandemia y argumentó que la cuarentena es para rearmar el sistema de salud y no para hacer un programa de gobierno.

Máximo Kirchner, quien debió retirarse a la mitad de la sesión luego de que le informaran que era un contacto estrecho de alguien contagiado de Covid-19, dio vuelta el argumento de Negri y culpó al ex presidente Mauricio Macri por permitir la fuga de capitales hacia el final de su mandato. “Después del berrinche del 12 de agosto comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central, llegando al 25 de octubre con 43 mil millones de dólares; la Argentina perdió 20 mil millones de dólares porque el presidente decidió poner el cepo después de perder las generales”, dijo.

Terminada con esa orden del día se dio paso al tratamiento de la ley de manejo del fuego, que obtuvo 132 votos afirmativos y 96 negativos de legisladores de Juntos por el Cambio.  El proyecto busca modificar el artículo 22 de la ley 26.815, imponiendo limitaciones de entre 30 y 60 años para actividades en superficies que hayan sufrido incendios.

Desde el oficialismo se argumentó que de esta forma se terminaría con la especulación inmobiliaria que causa la mayoría de los incendios intencionales. Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales dijo: “Argentina ardió en llamas, por eso tomamos la decisión política de ponerle fin a los negocios y cuidar nuestro ambiente”.

Por su parte, José Luis Ramón, presidente del Interbloque Federal aseguró que hay que dejar de priorizar planteos económicos y de propiedad privada. “No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas agraven la situación del medio ambiente”, afirmó.

Ambos proyectos serán girados a la Cámara de Senadores. Aún no se sabe si recibirán modificaciones y si llegarán a ser tratados antes del cierre de sesiones ordinarias en el Congreso, a fines de noviembre.