Antes de irse del gobierno, el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, logró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, subiera 2 puntos las retenciones a los subproductos industriales de la soja, que el propio Guzmán había bajado en 2019. Esto le permitiría a Economía recaudar unos 400 millones de dólares anuales adicionales, además de los casi 9.000 millones que ya captura de la cadena agrícola. El dinero sería destinado, según la promesa oficial, a “desacoplar” los precios del trigo, para que el mercado interno no sintiera el impacto de la suba provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Aunque las empresas agroexportadoras patalearon un poco al principio por esta suba de 31 a 33% de las retenciones al aceite y el harina de soja (ya que ese diferencial con el poroto existía desde hace muchísimo tiempo y se supone premiaba las exportaciones con mayor valor agregado), lo cierto es finalmente terminarán descontando esa suma de los precios pagados a los productores de soja, que tampoco patalearon demasiado porque la Mesa de Enlace había aplaudido en su momento (durante Cambiemos) la eliminación de ese diferencial.
Así las cosas, el sector agrícola terminó digiriendo el mal trago y aceptó que debía ceder esos 400 millones de dólares al gobierno para intentar aliviar los impactos de la suba de los granos sobre las capas más empobrecidas de la población.
Se discutió mucho, eso sí, los modos elegidos por Feletti para “desacoplar” los precios del trigo, a través de un complejo fideicomiso de muy difícil y costosa administración (abogados y contadores agradecidos), que iba a nutrirse de estos 400 millones de dólares para repartirlos entre los molinos harineros que aceptaran vender la harina más barato a las panaderías. El subsidio sería muy elevado, de más o menos 20 mil pesos por tonelada. Es que Feletti se empecinó en mantener el precio del trigo en 25.000 pesos por tonelada de la pre-guerra. Pero cuando estalló el conflicto el cereal subió a más de 45.000 pesos.
El fideicomiso, llamado Fondo de Estabilización del Trigo Argentino (FETA), todavía está en veremos, ya que fue rechazado por todo el universo de la industria molinera, compuesto por 160 empresas. Solo aceptaron cobrar los anticipos cuatro firmas: el Grupo Cañuelas, Morixe, Harina Bajo Hondo y Molisud. Se sumaría en las próximas horas Lagomarsino. Son firmas o que están muy endeudadas o que simpatizan visiblemente con el oficialismo.
Pese a que todo este mecanismo está sospechado de estar direccionado a favor de Molinos Cañuelas (que está en convocatoria de acreedores por 1.300 millones de dólares y debe a la AFIP la friolera de 2.500 millones de pesos), y de que hay una denuncia penal que pide se investigue a Feletti por esta situación (ya que las empresas de Cañuelas cobraron 1.300 de los 1.400 millones de pesos pagados hasta ahora por el FETA), el ministro Guzmán y su nuevo delfín para Comercio Interior, Guillermo Hang, ratificaron el funcionamiento de este mecanismo.
La mejor prueba de que, más allá de las quejas lógicas, la cadena agrícola aceptó poner los 400 millones de dólares sin chistar, fue cuando el jueves pasado dos empresas que participaban de otro fideicomiso más pequeño, destinado a subsidiar los paquetes de harina que se vendían a través del programa Precios Cuidados, reclamaron a las cerealeras que pusieran más plata, porque los 25 millones de dólares calculados por Comercio Interior para todo 2022 se habían agotado en apenas tres meses.
Las agroexportadoras dijeron entonces que no iban a poner un peso más, pues ya se les estaban descontando esos 400 millones de dólares adicionales por la suba de retenciones. Esas dos empresas que participaron de la reunión eran Molinos Río de la Plata y, de nuevo, Molinos Cañuelas. Es decir que dos empresas con mucha espalda reclamaban más subsidios.
A esta altura, la pregunta que deberían hacerse todos es si es atinada la decisión original de Feletti de subsidiar el precio de la bolsa de harina a este pequeño grupo de granos molineros, o si -como proponen el resto de los molinos y toda la cadena agrícola-, lo que habría que hacer es agarrar esos 400 millones de dólares para subsidiar directamente a quienes lo necesitan. Sobre todo, porque el FETA que realmente parece forzado para favorecer a Cañuelas, también está subsidiando harinas refinadas (como el semolín, la tapera o incluso las premezclas) que no son las que consume la población más necesitada, sino capas medias y altas.
¿Cuánto trigo se podría comprar con esos 400 millones de dólares? Al valor actual que tiene el cereal, de unos 42 mil pesos por tonelada, o de 330 dólares en el mercado local, se podría adquirir más de 1,2 millones de toneladas. Es cerca del 20% de la demanda interna total de trigo, que siempre se estima en 6 millones de toneladas.
Por supuesto que hay otros costos, pero con esa disponibilidad de trigo se podrían elaborar cerca de 1 millón de toneladas de harina.
De 1 kilo de harina, a su vez, sale 1,25 a 1,35 kilos de pan francés. Volvemos a la relación inicial y podemos decir que con esos 400 millones de dólares se podría pagar la materia prima para hacer 1,25 millones de toneladas de kilos de pan. Esto equivale a 1.250 millones de kilos de pan.
La pobreza en la Argentina se ubicó en 37,3% en el segundo semestre de 2021, último dato disponible. Esto representa a 10,8 millones de personas, con 2,4 millones de ellos en situación de indigencia, es decir sin posibilidades de poder completar una canasta alimenticia básica, que incluye el pan.
Si uno debiera concentrarse en ellos, en esos 2,4 millones de indigentes, y pretendiera que cada uno de ellos llegara al consumo promedio de pan que tenemos todos los argentinos (que es de 72 kilos anuales per cápita), este operativo necesitaría elaborar unos 180 millones de kilos de pan, apenas el 14% de los 1.250 millones de kilos que se supone podrían elaborarse.
Si el gobierno quisiera extender el impacto de este programa social y destinara los 400 millones de dólares que ya recauda para “regalar” los 72 kilos anuales de pan a los casi 11 millones de pobres que hay actualmente en la Argentina, debería elaborar 792 millones de kilos. Y todavía le quedaría trigo para hacer otros 400 millones de kilos de pan.
Con esa plata podría construir panaderías comunitarias en los barrios más carenciados, equiparlas con hornos, armar escuelas de capacitación en el oficio, idear circuitos de distribución para que a nadie, a ningún pobre, le faltara su pan cotidiano. Como mano de obra podría organizar y utilizar los beneficiarios de los planes sociales tan discutidos en la actualidad.
Digamos que no, que Feletti piensa que eso es mucho trabajo y entonces prefiere directamente agarrar esos 400 millones de pesos para comprar directamente el pan a las panaderías, al precio actual de 250 pesos por kilo. Eso equivale aproximadamente 2 dólares oficiales por kilo. Con los 400 millones de dólares podría adquirir 200 millones de kilos de pan. Más que lo que se necesita para subsidiar a la población indigente.
Pero no. Nada de esto sucede. Feletti y sus jefes políticos prefieren tomar un café con medialunas (se dice croaissant, infeliz) en alguna coqueta sucursal de Le Pain Quotidien, para allí -calentitos- elucubrar complejos mecanismos que solo terminan subsidiando a un par de enormes empresas, y cuyos beneficios se pierden en el resto de la cadena, porque jamás llegan al consumidor que lo necesita. O por lo menos no hay ninguna evidencia de que lleguen. El pan común por ahora no bajó de precio.
Eso no se llama justicia social ni nada parecido. Es todo lo contrario: es derivar recursos de algunos (unos 50 mil productores de soja) para beneficio de pocos (unos escasos empresarios amigos del poder) olvidándose de muchos, los que más necesitan de un Estado serio, que no parezca casi delincuencial.